Autoridades Policiales tendrán acceso a la ubicación de los teléfonos celulares y la identidad del dueño

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, tienen un plazo de 30 días para aprobar el Decreto legislativo 1182 lo cual permitirá localizar en tiempo real la ubicación geográfica del teléfono celular de los denunciados por extorsión.

Según Mauro Medina Guimaraes el viceministro de orden Interno, este decreto permitirá reducir drásticamente el proceso que duraba 90 días la autorización judicial en que las compañías telefónicas entregaran información sobre los celulares a la Policía. Con este decreto este proceso se podrá obtener esta información solo en 24 horas.

"Cuando ocurría un delito de extorsión vía telefónica, desde el interior de un penal o desde cualquier lugar, normalmente la policía solicitaba al fiscal de turno y al juez la autorización para ubicar el teléfono o el aparato electrónico. Después de un largo proceso recién salía la autorización, cuando el extorsionador ya había cambiado de teléfono o de chip, lo que dificultaba la posibilidades de la captura. Ahora, si una persona es extorsionada con celular o cualquier aparato electrónico, con la ley de geolocalización se podrá ubicar el espacio geográfico en el que se encuentra el delincuente, e incluso se podrá identificar a quien pertenece el teléfono. El efectivo policial debe comunicar de inmediato al fiscal por escrito la denuncia de extorsión. Tiene la obligación de emitir un informe que sustenta el requerimiento dentro de las 24 horas para que el juez convalide el informe", señaló el viceministro Medina.

Frente a esta ley críticos indican que este decreto podría violar los derechos de los ciudadanos, pero según el viceministro esta norma no representa una amenaza a los derechos de los ciudadanos.

"Este dispositivo es solamente para ubicar geográficamente el teléfono e identificar a quien pertenece el aparato, no permite acceso al contenido de las comunicaciones. Nada tiene que ver con la escucha legal, ni las interceptaciones telefónicas ordenadas por un juez. Los derechos humanos y la libertad de prensa están garantizados", indico Mauro Medina.

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